‘Adenocarcinoma’ produce menos angustia que ‘Administración’

Algo más de tres meses y medio ha tardado la fragmentada cosa pública en aceptar mi derecho a la prestación económica solicitada y en determinar a quién le corresponde pagar esta única fuente de ingresos. Tres meses y medio de salario que -al parecer- recibiré uno de estos días. Por suerte para mí, una familia solícita ha cubierto de buen grado los huecos que el sueldo de mi mujer no ha podido llenar (¿cuándo se nos hizo tan fácil aceptar que un solo salario de oficio calificado no baste para dos personas?); y mi sufrido cuñado -Rafael Ramis, abogado y profesor universitario de derecho laboral- ha lidiado con las fieras ventanillas hasta obtener respuesta. Dado que la prestación es incompatible con cualquier otra fuente de ingresos laborales, ni siquiera he podido cobrar las breves colaboraciones que me han ido pidiendo diversos medios de comunicación. Esto es: las arcas públicas no me pagan la prestación, pero me advierten de que tampoco puedo percibir ingresos ocasionales sin perderla. No quiero ni acercarme a pensar en lo que le ocurriría a una persona que, encontrándose en mi situación, no hubiera tenido apoyo familiar y consejo técnico.

Quizás lo más ofensivo y desagradable de esta situación administrativa -llamémosla así, aunque se me agolpan en las teclas adjetivos menos nobles- ha sido el número infamante de citas, inspecciones y peticiones de documentación cruzadas al que sucesivamente me han ido sometiendo la inspección laboral del Servicio autonómico de Salud y de la Seguridad Social, sus correspondientes departamentos de solicitud de prestación más mutua laboral que, finalmente, deberá ocuparse de que cada mes yo reciba un salario. Las cotas de absurdo al que han ascendido estos departamentos merecen un necedario. Que un jefe de servicio remita el enfermo a otro departamento sin facilitarle la documentación que en la nueva instancia van a exigirle merece cuando menos un aplauso, ya que este papeleo es -al parecer- algo así como un estándar. Que un enfermo de cáncer en estado febril deba acudir a una amenazadora cita de la inspección médica de la Seguridad Social (1)  sólo para enterarse de que el acto médico ha sido anulado (2)  reclama una ovación cerrada, sobre todo si consideramos que el expediente remitido por la inspección médica del servicio autonómico pide -en pocas palabras- que me dejen en paz de una vez, que ya bastante entretenimiento y diversión tengo con mi adenocarcinoma y sus alegres metástasis como para ir dando tumbos por la alegre burocracia de esta fascinante y sinuosa carretera administrativa.

Sí, ¿qué le hubiera pasado a otra persona, una cualquiera, sin los apoyos con los que yo he contado?

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(1) Una carta certificada advierte en negritas que, en caso de que el paciente no se presente  a la hora señalada o justifique la ausencia, perderá todo derecho a la prestación.

(2) Sin que nadie haya tenido a bien informar al paciente, claro está. Ni cartita ni aviso telefónico, en esta ocasión.